Sáenz, un caso paradigmático

por Eva Belmonte, 06 de mayo de 2013.

El número 2 del Santander ejerció durante dos años pese a tener antecedentes penales. Los sucesivos gobiernos evitaron su cese con indultos y reformas legales. Dejó el cargo justo antes de que el Banco de España decida si le expulsaba por tener antecedentes. Con 71 años, se llevó una pensión de más de 88 millones, muy superior a la del propio Botín.

Imaginen que un alto cargo de uno de los bancos más importantes del mundo envía a prisión a unos empresarios, confabulado con un juez corrupto, para chantajearles y así cobrar unas deudas. Imaginen que se descubre el engaño y que el banquero es condenado, pero que los sucesivos gobiernos de su país -todos, del color que sean- hacen y deshacen a su antojo para evitar que cumpla la condena. Imaginen que sigue ejerciendo como consejero delegado de la entidad durante más de dos años, inalterable, pese a los antecedentes penales. Imaginen, además, que por ese cargo cobró 11.604.000 euros en 2011 (más de 15 millones de dólares), más que el CEO de Morgan Stanley (13 millones de dólares), por poner un ejemplo. Suena a una historia de película, de poderosos saltándose las reglas, modificando leyes a su antojo, reescribiendo las normas del estado de derecho para salirse con la suya y salvar el pellejo a uno de los suyos.

Imaginen que ese hombre es Alfredo Sáenz, número dos de Emilio Botín hasta su dimisión este 29 de abril. Imaginen que el banco que le mantuvo en su cargo todo ese tiempo es el Santander. La retirada “voluntaria” del número 2 del banco llega justo antes de que el Banco de España deba decidir si le retira de su cargo, en un proceso que pone fin a la larga historia de favores políticos encaminados a evitar que perdiera su posición tras una sentencia judicial que le inhabilitó para el cargo.

Chantajes a través de denuncias falsas para cobrar una deuda

Han pasado más de dos años desde que Sáenz fue condenado por acusación y denuncia falsa. Puede parecer un delito menor, pero esta intriga es retorcida y compleja desde el minuto 1. En 1994, Sáenz utilizó documentos amañados para acusar a un grupo de empresarios. Su objetivo era chantajearles para que pagaran una deuda contraída con Banesto, entidad de la que entonces era presidente. Sus tácticas mafiosas, utilizando la justicia a su antojo, contaron con un cómplice de lujo: el juez Lluís Pascual Estevill, un magistrado que utilizó durante años su cargo para extorsionar, enviar a inocentes a la cárcel a su antojo y dictar sentencias a medida previo pago de suculentas cantidades. Los investigadores pudieron demostrar que juntos -denunciante y juez, junto a otros altos directivos de Banesto- consiguieron enviar a la cárcel injustamente a tres empresarios: Pedro Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González.

El plan de quien es ahora número dos de Botín habría sido perfecto si no hubiera sido porque los empresarios no cedieron al chantaje de quien utilizó la justicia a su antojo y porque la Fiscalia Anticorrupción descubrió el delito justo después de desarticular la macro trama de corrupción del juez Estevill, protagonista de una de las historias más negras en en la justicia española (fue condenado por cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales).

Tras la denuncia de los empresarios, David Martinez Madero (uno de los fiscales más beligerantes contra la corrupción en España, fallecido recientemente) se personó en la causa y consiguió una victoria parcial: la Audiencia Provincial de Barcelona sentenció a Sáenz a seis meses de arresto e inhabilitación, una pena que habría sido mucho mayor si se hubiera podido demostrar una conexión directa entre el juez corrupto y el empresario de la banca, es decir, si los investigadores hubieran encontrado pruebas de los pagos del banquero al magistrado por sus servicios. Cuando llegó la condena, Sáenz ya era consejero delegado del Santander. Emilio Botín no le cesó.

Sáenz recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que rebajó su condena a tres meses por motivos formales pero mantuvo la inhabilitación, clave en toda esta historia. Y es que el problema no eran los tres meses de arresto (que no debía cumplir por no tener antecedentes penales) sino su inscripción en el registro penal de penados y rebeldes. Y es que la ley española no permitía que personas con antecedentes penales ejercieran altos cargos de la banca. La norma era clara, la “reconocida honorabilidad comercial y profesional” exigida no podía incluir una condena.

De este modo, el banquero debía ser expulsado de su cargo como consejero delegado del Santander. Pero no se dio por vencido y, justo después de fallar en su intento de esquivar la pena a través del poder judicial, lo intentó con el poder Ejecutivo y pidió un indulto. En paralelo, reclamó que se paralizara su expulsión hasta que el Gobierno decidiera si le concedía la medida de gracia o no. Aun así, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió, en un ejemplo de firmeza judicial, inscribir su nombre en el registro de condenados.

Primer favor: indulto ‘in extremis’ del gobierno socialista

El gobierno de España, liderado entonces por José Luís Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue mucho más clemente que los jueces y el 25 de noviembre de 2011 concedió el indulto al número 2 del Santander. La decisión levantó una polvareda de críticas, más aún cuando se tomó en el último Consejo de Ministros del gobierno socialista, reunido después de perder las elecciones y, por lo tanto, en funciones. Un favor in extremis que pretendía borrar de un plumazo su inhabilitación.

¿Cómo razonó el gobierno este favor de última hora para el representante del Santander? “Se entendió que era razonable. Y punto”, argumentó Zapatero entonces. Y es que en España el Gobierno no tiene por qué justificar por qué concede un indulto, ni siquiera debe hacer público si el informe del juez que le sentenció está de acuerdo con el perdón de la pena. En el caso de Sáenz, el Tribunal Supremo se posicionó claramente en contra, porque no consideraba que no había razones de “justicia o equidad” que lo justificaran.

Así pues, el gobierno echó mano una vez más de un poder que debería ser usado en contadas ocasiones para salvar de la inhabilitación a Sáenz. Pero el Tribunal Supremo, una vez más, se interpuso en el camino del banquero. En una sentencia sin precedentes, el juez decidió que el Gobierno no tenía potestad para suprimir la inhabilitación implícita en la condena y le acusó de “extralimitarse” en sus funciones. Los argumentos eran claros y acordes a la ley: el Gobierno puede indultar la pena de cárcel, pero no puede evitar que, puesto que tiene antecedentes, se le prohíba ejercer como banquero. El gobierno puede indultar, pero no puede borrar los antecedentes penales del condenado.

Segundo favor: cambio de leyes a medida gracias al PP

El enésimo intento por librar de su castigo a Sáenz y conseguir que siguiera en el cargo había fracasado. Por el momento. Para cuando llegó la sentencia del Supremo el gobierno de España ya estaba en manos del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. Si el PSOE hizo lo que pudo para salvarle justo antes de dejar La Moncloa, ¿qué pasos daría el PP? Reescribir las leyes, ni más ni menos.

El pasado 12 de abril el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que los antecedentes penales ya no supongan un freno para declarar la honorabilidad de un banquero y mantenerlo en el cargo. Si hasta ese momento se expulsaba directamente de los altos cargos a los banqueros con antecedentes, ahora era el Banco de España quien debe decidir si la sentencia impuesta enturbia o no la honorabilidad del personaje en cuestión.

Si la justificación del indulto que le concedió el PSOE fue la ausencia de esta, las razones que dio el PP para cambiar la ley a medida del número 2 del Santander están, como mínimo, adulterada. Dijo la vicepresidenta del gobierno español que la reforma legal venía impuesta por un cambio en la normativa europea. Es cierto, las reglas europeas han cambiado, pero sólo para permitir a los estados miembros decidir de forma independiente qué criterios seguir para decidir qué significa la honorabilidad de un banquero. Y el gobierno español ha tomado su decisión de forma libre y voluntariamente: contar con antecedentes penales ya no enturbia la labor de un directivo de banco.

La pelota pasó entonces al tejado de la entidad que controla el mercado financiero español pero, ante la posibilidad de que el Banco de España pudiera decretar su cese, Sáenz abandonó su cargo el 29 de abril de forma “voluntaria”. El consejo le despidió con un “reconocimiento y agradecimiento a la extraordinaria labor” que había realizado durante sus casi 20 años trabajando para la entidad.

La influencia del Santander

Pero, ¿qué influencia tiene el Banco Santander para hacer que los dos partidos políticos que se han turnado en el poder en España en los últimos años reescriban leyes y firmen indultos alegales para salvar un puesto directivo? La entidad, la más importante en España, es una de las muchas que ha perdonado, durante años, deudas a los partidos políticos. ¿Cuánto dinero ha perdonado el Santander a PP y PSOE? Imposible saberlo con exactitud. El Banco de España se niega a ofrecer la información de esas condonaciones por entidades y, por el momento, las negociaciones entre la banca y los partidos son opacas (pese a que ha sido cuestionado por ciudadanos a través de Tu Derecho a Saber y por el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar a las entidades públicas y los partidos políticos).

Pese a la falta de transparencia, en ocasiones la prensa ha podido esclarecer algunos datos relevantes, como los 12 millones de euros que el Santander perdonó al PSOE en 2006. Según los informes del Tribunal de Cuentas, tanto PP como PSOE sumaban deudas con la banca de unos 60 millones cada uno en 2007, fecha de su último informe. El perdón de las deudas a los partidos, en una época marcada en España por desahucios diarios a quienes no pueden pagar la hipoteca, tiene ahora algunos límites: una reforma legal limita las condonaciones a 100.000 euros al año, una cifra nada desdeñable.

En plena crisis económica, Sáenz ha sido uno de los pocos analistas que ha avalado la senda económica que sigue el gobierno español y que incluso se atrevió a hablar de crecimiento, pese a las críticas generalizadas a un modelo que no ha servido para frenar el alarmante nivel de paro en España.

Además de ser un habitual en las reuniones en La Moncloa, el Banco Santander también tiene buenas relaciones con la monarquía española. De hecho, su vicepresidente, Matías Rodríguez Inciarte, es también presidente desde 2008 de la Fundación Príncipe Felipe, creada alrededor del heredero al trono para vincular su imagen con áreas positivas como el deporte, la cultura y la paz de cara a una posible sucesión. Como uno de los patronos -junto a Telefónica, Cepsa, El Corte Inglés o Repsol- el Santander colabora en la financiación de la entidad, que en 2011 tuvo unos ingresos de 6.314.104 euros (más de 8 millones de dólares). De ese presupuesto, el 63% proviene de donaciones privadas, es decir, de la aportación de sus patronos, aunque la cantidad que aporta cada uno de ellos es un misterio. Además, Emilio Botín Botín es uno de los acompañantes habituales del rey en sus viajes y reuniones, públicas y privadas.

Los gobernantes españoles llevan años utilizando todas las herramientas a su disposición -legales o no- para mantener en su puesto a la mano derecha de Botín. Gracias a esas ayudas políticas, Sáenz ha sido, durante más de dos años, el único alto cargo de la banca española en activo con un curriculum que incluye antecedentes penales. Y el Santander el único banco que contó en sus filas con un consejero delegado condenado por enviar a inocentes a prisión.

La dimisión de Sáenz pone fin a esta historia, pero es sólo el principio de una jubilación dorada para el ya ex consejero delegado, que cobrará una pensión a cuenta del Banco Santander de 88.174.000 euros, la más alta del grupo, incluso bastante más cuantiosa que la de su patrón y protector, Emilio Botín (25.566.000 euros).

(Este artículo fue publicado en la agencia brasileña independiente de periodismo de investigación Pública.)